Olor a curtiembre y polvo cancerígeno: 5 mil personas viven en permanente emergencia ambiental en La Granja

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Olor a curtiembre y polvo cancerígeno: 5 mil personas viven en permanente emergencia ambiental en La Granja

Mensaje por Admin el Vie Ene 13, 2017 7:33 am

Olor a curtiembre y polvo cancerígeno: 5 mil personas viven en permanente emergencia ambiental en La Granja

Expuestos por décadas a concentraciones altas de material particulado fino en el aire, malos olores y acumulación de gases en las alcantarillas, los vecinos de cinco poblaciones de La Granja acusan clasismo de las autoridades y preparan querellas judiciales.

Por Antonia Orellana / Fotos Boris Yaikin (vía El Desconcierto)


Diariamente Magaly León, vecina de la población Ramón Larraín en La Granja, tiene que limpiar el polvo de las superficies de su casa cuatro o cinco veces. Su vecino de al frente tiene una pieza en arriendo que no tiene interesados hace años. Al menos dos veces a la semana un olor a podredumbre intenso lo inunda todo, se desliza fuera de las tazas de los baños y a veces incluso hace saltar las tapas de las alcantarillas en las calles.

Durante los últimos años, en un catastro vecinal, se llegaron a registrar de cuatro a cinco muertos de cáncer por pasaje. Los vecinos están cansados y no dudan en apuntar a las empresas del sector por el olor a podredumbre, por el polvo en el aire, por el ruido estremecedor de la maquinaria pesada. Todos los vecinos concuerdan de que la zona está saturada ambientalmente.

En el cuadrante conformado por las calles Presidente Alessandri, Victoria, La Serena y Carlos Condell y Bernardo O’higgins en La Granja viven 5736 personas. En la misma zona también hay 25 industrias, pero son 4 las del conflicto: la Minera Santa Ana, Baldosas Budnik, la Curtiembre Jordec y la planta Zincgal.

Desde el 2007 en adelante, los vecinos han intentado, sin éxito, acudir a un arco amplio de autoridades. “Tratamos por distintos lados, pensábamos que institucionalmente el Estado podía hacer algo, pero no” dice Daniel Fredes, de la Agrupación por la Vida Digna. En su visión, los conflictos ambientales que afectan a los más pobres no son resueltos: “si no hay habitantes de lugares como La Reina o distritos turísticos, estas problemáticas son invisibles”, acusa.

Los primeros registros al respecto están en la prensa. “Extrañas muertes por cáncer en La Granja” tituló La Tercera en 1990. La noticia dice: “¿Alarmante? Más de una docena de personas, la mayoría de ellas menores de treinta años, ha muerto o enfermado de cáncer en los últimos dos años en un reducido sector de la comuna de La Granja (…) Un antecedente concreto es la existencia de un cordón de industrias ubicadas en la calle La Victoria, a una cuadra exactamente del sector donde se concentra el mayor número de casos”. Veintiséis años después las muertes por cáncer se mantienen, pero aún así ninguna autoridad ha realizado un estudio sanitario serio.

Hace nueve años los vecinos se hartaron y en 2007 surgió la Agrupación por la Vida Digna de La Granja, que rápidamente viró hacia las preocupaciones ambientales. “No hubo un hito en particular que nos hiciera decir: ya, hasta aquí llegamos. Fue el cansancio acumulado. A veces la curtiembre Jordec hace colapsar el alcantarillado con lo que vierte, que trae grasa, pelo. La minera y las baldosas no dejan nunca de tirar polvillo. Vivir aquí es estar en emergencia ambiental todo el año”, describe. “Al principio actuamos de manera muy básica: ir a preguntar a la Muni o a la SEREMI a ver qué se podía hacer”, cuenta Daniel Fredes.

Una vez pasada la primera etapa, los vecinos tuvieron dos estrategias: una con las instancias de fiscalización sanitaria y ambiental y otra con la Municipalidad de La Granja. Ambas fracasaron. “Las discusiones con autoridades nos dejan claro que para ellos el principio de la propiedad privada es inviolable, incluso si transgrede nuestra vida”, acusa Daniel.

Mientras desde la SEREMI de Salud han respondido que todo se encuentra dentro de la norma, el recién estrenado Servicio de Medio Ambiente explicó a los vecinos que las cuatro industrias se encuentran fuera de su jurisdicción por ser anteriores a que tal servicio se pusiera en marcha. Con la ex SEREMI del Ministerio del Medio Ambiente, Grace Hardy, lograron entablar un trabajo más a largo plazo, pero que terminó con la retirada de los vecinos. “Al final la única solución que ella nos dio fue firmar un Acuerdo de Producción Limpia con el municipio y los empresarios, un papel que no tiene ningún peso jurídico, así que nos negamos a participar. Hardy nos decía que éramos muy radicales, que queríamos el todo o nada: ¿cómo no vamos a querer la retirada, si son nuestras casas y vidas?”, señala Fredes.

Con la Municipalidad de La Granja, en tanto, la estrategia fue intentar que la administración hiciera uso de la facultad de solicitar el traslado de las industrias. Fue un camino largo: el ex alcalde Claudio Arriagada (DC), que lideró la municipalidad desde 1992 hasta 2012, negaba la existencia de un problema ambiental y lo atribuía a rumores para empañar su gestión. “El nuevo alcalde, Felipe Delpin, que también es demócrata cristiano, hizo campaña acá reconociendo que había un problema y prometiendo gestiones para solucionarlo”, cuentan los vecinos. Pero no ha habido ninguna acción del municipio.

La evidencia basta para, al menos, iniciar una investigación sanitaria que releve la alta concurrencia de patologías como cáncer y episodios de infecciones respiratorias agudas. De acuerdo al análisis de un informe del 2014 del Centro de Estudios de Medición y Certificación de la Calidad (CESMEC) el doctor Sergio Castro de la Facultad de Química de la Universidad de Chile señala que “la concentración de Sílice en la muestra (1,3% de fracción respirable) supera la norma señalada por el Ministerio de Salud, la que fija un valor máximo de 0,08% de fracción respirable (…) Dependiendo de la concentración y tiempo de exposición al Sílice libre, las personas pueden sufrir enfermedades respiratorias, silicosis y cáncer”. Según datos del Consultorio Padre Esteban Gumucio, que cubre esta área, los episodios de IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) son los más numerosos de la zona.

“No es un capricho de la gente: ¿cuántos han muerto ya de cáncer? Cuando Carlos Montes estaba en campaña para ser senador nos ayudó a conseguir algunos papeles, luego no lo vimos nunca más. Yo le mostré el polvo de mi casa y le dije que esa industria no puede estar acá en Santiago, ¿de qué sirven todas las preemergencias?” se lamenta Magaly León.

Sin expectativas de las autoridades municipales, gobierno regional o ministerios, el próximo paso de los vecinos de las poblaciones Ramón Larraín, Porvenir, Miguel Adasme, Combate Naval de Iquique, Santa Inés, Sanitas y Ghiardo Oriente es presentar una querella en el Tribunal Ambiental, la que será patrocinada jurídicamente por la ONG FIMAS. Para la demanda quieren tener evidencia científica contundente, por lo que lograron que el doctor en Química y académico de la USACH Ernesto Gramsch aceptara realizar un estudio pro bono. El problema son los 6 millones de pesos que cuestan los análisis técnicos y el uso de laboratorios.

En agosto del año pasado, durante la inauguración de una nueva plaza, el alcalde Felipe Delpin (DC) se comprometió a financiarlo, pero desestimó el compromiso en una reunión privada, señalando que por lo vulnerable del municipio no había presupuesto. La línea de financiamiento a proyectos de la sociedad civil del Ministerio del Medio Ambiente se enmarca en el concepto de “Ecobarrios” y excluye investigación. Es por eso que están apostando al financiamiento colectivo, a través de actividades barriales pero también en la plataforma de crowdfunding Idea.me.

“Cuando el profesor Gramsch vino acá y vio las industrias dijo: qué locura tener esto acá”, cuenta Daniel Fredes. Pero los vecinos no creen que sea una locura o un azar: consideran que la ineficiencia con que se tratan los problemas de los pobladores tiene varias causas, de las cuales las principales serían la debilidad de la reciente institucionalidad ambiental y la mirada clasista de las autoridades. “Para las autoridades es más fácil hablar en contra del calentamiento global en abstracto que de la contaminación local de empresas cuyos dueños tienen nombre y apellido. El derecho a la propiedad es uno de los topes ideológicos con el alcalde y los organismos fiscalizadores. La otra vez el alcalde dijo “No, todos tenemos que convivir, ellos también son parte de la comuna”, y los vecinos se reían: ¡no vienen ni a inspeccionar su empresa y van a ser parte de la comuna!”. Para Magaly León, mientras muestra con un pañuelo el polvo que se ha juntado en un par de horas en su mesa, la cosa es simple: “la última vez que vino el alcalde yo le dije: a usted le importan más las lucas que la vida de la gente”.
Clickea acá para entrar a la plataforma de donaciones para el estudio de daños ambientales de La Granja.











Fuente: El Desconcierto
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